Desafortunadamente para el sector fotovoltaico, las últimas modificaciones normativas en el sector eléctrico  han propiciado un escenario nada halagüeño.

No es nada pesimista ni alarmante cifrar en cerca del 90%  las empresas fotovoltaicas de nuestro país que en los próximos tiempos, sino lo están ya, en riesgo de acogerse al concurso de acreedores debido a la imposibilidad de hacer frente a los créditos solicitados.

Hace una década apostar por invertir en energías renovables no era nada extravagante, poco a poco se veían proliferar huertos solares a distintos lados de diferentes carreteras comarcales. Las ayudas públicas, los incentivos a una inversión y la facilidad crediticia empujaron a ello. Ahora en uno de los países con más horas de sol al día, es un negocio estancado generando enormes pérdidas a los que un día decidieron invertir por una energía distinta a las que tradicionalmente veníamos usando y en un entorno que ayudaba a ello.

Hoy en día gracias a las últimas reformas, el sector fotovoltaico y en general las tecnologías renovables generan una gran desconfianza. Nadie quiere invertir en un sector tan sometido a los cambios legislativos.

Lo curioso de este asunto es que concretamente en el momento en que en nuestro país es un sector negativo en términos económicos, a nivel mundial se encuentra en pleno auge. Diversos informes( entre ellos uno publicado por UBS en el diario “The Guardian”, “Global Utilities, Autos & Chemicals Will solar, batteries and electric cars re-shape the electricity system?”) para 2025 todo el mundo será capaz de producir y almacenar energía, rompiendo ese monopolio productivo, en el que la energía se produce exclusivamente en las grandes centrales eléctricas.

Destaca el mismo Informe la reducción anual en el coste de fabricación de places fotovoltaicas en más de un 80% desde 2006. Es más, en el año 2000 la capacidad instalada mundial era de 1,5 Gigawatios(GW) hoy en día supera los 136 GW, según la Agencia Internacional de la Engería(AIE). Entonces, ¿por qué en España un país con unas condiciones óptimas para generar energía renovable parece que se esté denostando está energía?

Desde el año 2012 se ha paralizado todo nuevo proyecto. La última reforma realizada por el Gobierno, ha replanteado las retribuciones retribuidas. Se ha cambiado el concepto de Kwh por el de pago por capacidad, algo completamente desafortunado, puesto que lo que supone es que aquel que hace años decidió en crear plantas eficientes y con un mayor plan de desarrollo, hoy será exactamente igual de productivo en términos retributivos que el que no invirtió en aspectos como la eficiencia o el desarrollo.

El problema se centra principalmente en que desde el año 2011 todas las reformas que vienen realizándose se centran en tratar de establecer la idea de que el mercado de la energía ha de ser sólo y exclusivamente para las grandes compañías eléctricas. La idea de que uno pueda ser capaz de producir y almacenar su propia energía parece que es algo en lo que los políticos de nuestro país no creen.

Hoy en día los precios de la energía fotovoltaica se han visto reducidos en gran parte de los países que están invirtiendo en ella, hoy es incluso rentable para los consumidores invertir en ella sin necesidad de ayudas públicas.

La Unión Europea a través de su Comisión fija una serie de objetivos interrelacionados conocidos como Estrategia 2020, para garantizar salir fortalecida de la crisis y convertir a la Unión en una economía inteligente, sostenible e integradora. Para ello en el marco Energético fija una serie de objetivos (20+20+20) que se pueden resumir en los siguientes:

–          Reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de niveles de 1990

–          Lograr un 20% de renovables sobre la demanda de energía final

–          Lograr un 20% de mejora en la eficiencia energética renovable sobre la demanda de energía final( en el caso de España este porcentaje se eleva al 25%)

La “suerte” que tiene el Gobierno actual y el futuro entrante es que España parte en ventaja, los objetivos intermedios de los primeros años se cumplieron hace ya varios años y ello ha provocado una menor preocupación y un menor interés en fomentar una energía con la que más tarde o más temprano todos hemos de familiarizarnos.

Ello supone un esfuerzo prolongado que han de ir realizando año tras año los países miembros, si bien, con las medidas adoptadas en estos últimos años no parece que el Ejecutivo tenga muy presente la Estrategia 2020.

Para todos aquellos detractores del SF aluden a que se trata de una energía cara en relación al coste de producción, necesitada de ayudas públicas y enormemente dependiente de situaciones adversas.

Expertos como Jorge Morales señalan que hoy en día “la tecnología solar fotovoltaica sin ayudas hoy es competitiva en casi toda Europa. En 6 años lo será incluso con baterías. Esta situación podría afectar a las eléctricas en Europa y EEUU hasta el punto de que los consumidores se desconecten de la red”. Pero no lo dice él, se apoya en un informe de Morgan Stanley.

¿Es posible un autoconsumo energético basando en la energía fotovoltaica?

Lo es, pero el problema llega con el complejo entramado administrativo que requiere hoy en día poder llevarlo a cabo, la amenaza de la fijación de un impuesto al sol como compensación a otras centrales por suministrar energía cuando “ no haya sol”, o la imposibilidad de utilizar baterías entre la generación y la frontera con la red(algo totalmente necesario si se quiere un autoconsumo) o lo que es más notable y se viene realizando con mayor o menor encubrimiento terminológico, aumentar lo que pagamos por el término fijo en la factura eléctrica.

Hace unas semanas en una conferencia organizada por el Club Español de la Energía, el analista de la Agencia Internacional de la Energía Michael Waldron señaló que España ha pasado de ser el país con mayor impacto de inversión en energía fotovoltaica a no estar entre los tres que hoy en día destacan por su enorme inversión, China, Estados Unidos y Japón.

Obviamente las energías renovables hoy en día, en el año 2014, no pueden soportar generar el 100% de la energía que consumimos. No es un tema de pasar de blanco a negro en meses, sino de invertir en algo en lo que se cree, de concienciar y explicar a la sociedad que es cada cosa y a que deberíamos ir en un futuro( como así lo hace la Unión Europea a través de la Comisión). Tratar de seguir protegiendo a los enormes poderes energéticos cuya principal riqueza es basar su control en la energía fósil, es retroceder y no mirar hacia el futuro.

El sector fotovoltaico en España tiene futuro, ha habido errores que han de servir para aprender(uno de ellos la mala distribución de las ayudas públicas), pero negar que un país con zonas donde las horas de sol son innumerables, es atacar por acción u omisión a la sociedad e impedirla crecer de manera sostenible. Quizás el problema es que quienes tienen la capacidad de legislar son aquellos que tras su etapa como servidores públicos, pasan a formar parte de Consejos de Administración de grandes grupos energéticos.

Tras el Real Decreto 1471/1989 (ya derogado) que desarrollaba y ejecutaba la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas, era necesario revisar tal normativa para adaptarla a las necesidades actuales y sobre todo para dotar de mayor protección al litoral español.

Con tal motivo la aprobación del Real Decreto 876/2014, de 10 de Octubre, supone un instrumento eficaz en la consecución de los principios que inspiraron la modificación de la legislación de costas los cuales son, la protección del litoral y la seguridad jurídica.

Con la aprobación el Ejecutivo se ha propuesto a revisar el concepto de dominio público marítimo terrestre, entendiendo que éste alcanza al espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial.

Incluye además como dominio público marítimo terrestre las playas o zonas de depósitos de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y las dunas, el mar territorial y las aguas interiores, los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

Reconoce el Reglamento el acceso libre de las playas españolas, diferenciando en este sentido entre tramo natural y urbano de las playas.

¿Cómo se fijará un tramo como natural o urbano? Será la Administración competente en materia de ordenación del territorio la que catalogará el tramo, teniendo en cuenta el carácter urbanizado o rural de los terrenos contiguos a cada uno de los tramos, así como su grado de protección medioambiental.

En los tramos urbanos el Reglamento admite que se produzcan ocupaciones puntuales para eventos específicos( deportivos, culturales..). Señalando además que en las playas naturales, la ocupación no puede exceder del 10% y los chiringuitos tendrán que tener un máximo de 20 metros cuadrados de superficie cerrada y 50 de terraza. Exigiendo además una distancia al menos de 300 metros entre un establecimiento y el contiguo.

Destaca el Reglamento que en ningún caso pasarán a formar parte del dominio público marítimo terrestre los terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio público.

Respecto a las viviendas y a los establecimientos fijados en el litoral, el Reglamento permite con el nuevo marco reglamentario que más de mil hoteles existentes en el litoral español, puedan hacer reformas para modernizarse y ganar calidad, siempre que no aumenten su tamaño y mejoren su eficiencia ambiental.

En torno a la inseguridad que se había creado en más de tres mil chiringuitos sitos en el litoral, el Reglamento les impone mayores exigencias, permitiéndoles ampliar el plazo de sus concesiones, para así asegurar el funcionamiento y actividad de más de 1.500 empresas e industrias que tenían muy dudosa continuidad empresarial más allá de Diciembre de 2017. Similar medida con respecto a más de 13.000 viviendas que podrán prorrogar sus concesiones.

Respecto a las concesiones el Reglamento fija un nuevo plazo máximo por el que pueden otorgarse, dentro siempre del límite de 75 años fijado por la Ley 22/1988 de Costas, fija el Reglamento tres supuestos distintos:

a)      Para usos destinados a actuaciones ambientales, el plazo máximo de otorgamiento de la concesión será de hasta 75 años.

b)      Para usos destinados al desempeño de funciones o servicios que, por su naturaleza, requieran la ocupación del dominio público marítimo terrestre, el plazo máximo de otorgamiento de la concesión será de hasta 50 años.

c)       Para usos que presten un servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes con dicho dominio , el plazo máximo de otorgamiento de la concesión será de hasta un máximo de 30 años.

En todo caso el plazo de las concesiones será el establecido en el título correspondiente, siempre que no supere los máximos fijados. No obstante, el título otorgado podrá fijar un plazo de duración inferior y prever, a su vez, prórrogas sucesivas. En todo caso tales prórrogas quedan supeditadas a un informe ambiental que determinará los efectos de la ocupación así como las condiciones.

Sobre las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral , el nuevo Real Decreto autoriza la prórroga de las mismas siempre y cuando no supere el máximo de 75 años.

Además cumple una de las peticiones básicas de numerosos grupos ecologistas que es, la prohibición de nuevas edificaciones y construcciones en la costa, así como de las obras que supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie de las edificaciones ya existentes.

Como novedad llamativa incorpora regulaciones específicas en torno a la lucha contra el cambio climático en el litoral. Para ello, introduce un régimen específico para los tramos del litoral que se encuentren en riesgo grave de regresión. En las áreas declaradas, se limitan las ocupaciones y se prevé que las Administraciones Públicas puedan realizar actuaciones de protección, conservación o restauración.

Incorpora además una exigencia relevante,puesto que con respecto a los proyectos que impliquen una ocupación del dominio público, exige una evaluación prospectiva sobre los posibles efectos del cambio climático.

Como relevante novedad, fija un nuevo procedimiento de deslinde y se regula la intervención del Registro de la Propiedad y el Catastro en los deslindes, con el fin de dar mayor seguridad jurídica al procedimiento, fija como obligatoria la inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes que forman parte del dominio público marítimo terrestre.

Con todo ello, y a modo de conclusión, como bien propugna el nuevo reglamento en su exposición de motivos, “tiene una inequívoca vocación de colaboración con la ley para proteger el dominio público marítimo terrestre”. No seré yo el que niegue tal vocación a la norma, si bien, la experiencia en esta materia en todos estos años de vigencia de la Ley de Costas de 1988 muestra que los que realmente tienen una labor fundamental( y no en pocas ocasiones en estos años la han descuidado) son las Administraciones Locales, a través del control y supervisión y sobretodo con el fin de garantizar un buen uso de nuestras costas y una correcta protección del litoral. Si tanto las Administraciones Locales como Autonómicas, por su cercanía en la materia, no se implican realmente en garantizar un litoral español con una verdadera protección práctica, las normas de desarrollo no serán más que papel mojado.